Recientemente, el consejo editorial de una de las más prestigiosas revistas de Lingüística (Lingua) ha dimitido en pleno por la negativa de su editora, Elsevier, de pasar a un modelo de acceso libre. Aquí el enlace a la noticia publicada por el diario británico The Independent.
Estamos ante uno de los problemas fundamentales que afectan al gasto universitario, al acceso libre a la cultura y a la necesaria difusión de la investigación científica en todos los campos. Vamos a intentar aquí explicar cuál es ese problema y cuáles serían algunas de las posibles soluciones, con el ejemplo de lo que ocurre en nuestro país.
Empecemos por el sistema de evaluación. Una de las medidas más urgentes para acabar en este país —y no solo en la universidad— con las corruptelas, el nepotismo, la recompensa de la ineptitud y el fomento involuntario de la mediocridad es, sin duda alguna, una mejora de la eficiencia administrativa y una implementación de los necesarios protocolos de control y de correcta evaluación de gestión y resultados que, si en la empresa privada es importante, cuando se trata de dinero público es imprescindible.
Para que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) cumpla con su principal objetivo —«promover la garantía de la calidad del Sistema de Educación Superior en España y su mejora continua mediante procesos de orientación, evaluación, certificación y acreditación…»— es necesario revisar el sistema de evaluaciones. Aunque el objetivo de esta fundación estatal no sea evaluar la excelencia del proyecto sino reconocer que alcanza unos requisitos mínimos, habrá de buscar métodos que consigan valorar mejor el impacto de las publicaciones, evitando en los criterios de evaluación de las humanidades o las ciencias sociales el uso frases como «revistas de especial prestigio» o «publicado en editoriales de prestigio», que parecen dejar la decisión en manos de la real gana del evaluador y que además no significan nada cuando muchas de esas «editoriales de prestigio» han pasado a editar todo lo que venga subvencionado o pagado por el propio autor, obviando incluso la necesaria revisión por pares y los mínimos exigibles profesionalmente en la edición y corrección de cualquier texto.
En segundo lugar, conviene tener siempre presente el principio de garantía de acceso libre a la cultura (libre no significa necesariamente gratuito, pero estamos ante productos de investigación creados en la mayor parte de los casos con abundantes fondos públicos). Las instituciones del estado deben garantizar el acceso a la cultura, así como fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico y científico. Eso, ahora, pasa por corregir las desigualdades de acceso a todos los niveles de educación; también por proteger la libertad de los creadores e investigadores, entre otras muchas cosas, mediante el pago de salarios que permitan una independencia política y económica; y pasa, por supuesto, por respetar todos los derechos fundamentales. También pasa por elegir los medios óptimos de difusión (casi siempre publicar en acceso abierto y en formato digital los resultados, ya sean en forma de informe, artículo o libro) y por desarrollar nuevos criterios de evaluación curricular: es importante la difusión y que el trabajo revierta en la sociedad de diversas maneras. En algunos casos, hará falta que se difunda en círculos universitarios o técnicos; en otros casos, debería trasladarse a la sociedad directamente, en forma de cursos, talleres o publicaciones. El actual sistema, no solo no considera estas últimas propuestas como un mérito sino que tiende a considerarlo un demérito, lo que se aleja de la práctica habitual de «diseminación del conocimiento» tan consolidada en otros países occidentales.
Todo esto, además, no es incompatible con una necesaria disminución de la dependencia institucional y una relación bien controlada y evaluada con la empresa privada. España no deja de ser uno de los países del entorno en el que menos financiación privada recibe la investigación (de la mano de fundaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo).
En tercer lugar, se ha señalado en ocasiones a las pequeñas editoriales por su connivencia con ciertos investigadores, consolidando así uno de los pilares de la jerarquía científica y universitaria de nuestro país. Lo cierto es que ahora está dejando de ser así. Los «beneficios» de ese tipo de libros subvencionados no son tan pingües como pudiera alguien creer (el dinero que reciben esas editoriales es un anticipo por los ejemplares del libro que el estado comprará para las bibliotecas, y pocas veces se vende alguno más) y la necesidad de subvencionar cierto tipo de publicaciones sigue existiendo. Sin embargo, vivimos en un país en el que, solo entre 2011 y 2013, Cultura recortó un 72,4% las ayudas a la edición de libros y un 40% las subvenciones a revistas culturales. Es casi imposible que los resultados de un proyecto o las actas de un congreso tengan interés económico para una editorial. Por eso deben funcionar unos criterios de correcta evaluación y riguroso control para que las subvenciones se dirijan a lo que tenga una calidad incuestionable. Sin embargo, actualmente, es difícil justificar la edición en papel de cualquier publicación de este tipo: para ahorrar dinero público y para conseguir la difusión óptima de esas investigaciones, realizadas también con dinero público, deberían publicarse exclusivamente en formato digital (seguro que habrá excepciones). ¿Por qué se siguen editando muchas de ellas en papel? Las únicas explicaciones que se me ocurren son el fetichismo de los directores o que la institución evaluadora del siguiente proyecto considere la edición tradicional, en buen papel, algo más meritorio. Ambas razones son inaceptables. Probablemente, tenga más sentido destinar el dinero de la publicación impresa a una o más traducciones para colgar los resultados en la red en varias lenguas y en abierto.
En cuarto lugar, considero todo esto la punta del iceberg. Casi todos los resultados de investigaciones (unos dos tercios del total) se convierten en artículo, no en libro o capítulo de libro. En la política de publicaciones de investigación debería primar el bien común, es decir, el buen uso del dinero público y la obtención de la mayor accesibilidad y difusión posibles del conocimiento. Actualmente, los fondos públicos se utilizan cinco veces en el proceso de investigación:
- La UE gasta unos 87.000 millones anuales en I+D para pagar las investigaciones y a los académicos que las llevan a cabo y que se concretan en resultados científicos que adoptan forma de artículo y se entregan a unas revistas de pago que adquieren su prestigio gracias a…
- la revisión por pares que realizan gratis otros académicos pagados con dinero público;
- también se pagan con dinero público las suscripciones a revistas que permiten a los académicos acceder a las investigaciones de sus colegas y, desde hace poco…
- algunos proyectos llevan (o llevarán) adscrita a su financiación la partida correspondiente para que el autor pague, a la revista en la que publicará, el libre acceso a su obra (si así lo quiere), para que tenga más impacto. Pero es que, además, para rizar el rizo…
- aparecen en escena las entidades de gestión colectiva de derechos: CEDRO, un entidad privada que actúa en régimen de monopolio al servicio de algunos editores más que de los autores, y gracias a la prerrogativa que le otorga la nueva Ley de Propiedad Intelectual, puede cobrar de forma indiscriminada a las universidades por las supuestas copias de dichas investigaciones pagadas con fondos públicos e incluso publicadas en acceso abierto (con absoluta independencia de que los autores sean socios o no de CEDRO).
¿Cómo puede ocurrir todo esto?
La invención de internet debería haber revolucionado mucho más la publicación, la comunicación y la difusión de la investigación científica y tecnológica. Este avance, mucho más evidente con la información, no resultó ser tan espectacular en el mundo de las publicaciones científicas donde, a partir de mediados de los noventa, las universidades fueron delegando competencias editoriales y permitieron la concentración de sus publicaciones en manos de unas pocas editoriales comerciales, en la práctica un oligopolio de cuatro grandes grupos de edición científica (Elsevier, Springer, Taylor & Francis y Wiley) que ofrecían los contenidos previa suscripción y que frenaron y obstaculizaron el libre acceso a la documentación científica mediante patrones clásicos de edición. Esas cuatro empresas suman hoy más de 8.000 títulos de revistas entre sus catálogos, lo que supone un elevado porcentaje del «mercado de citas» y una gran concentración de poder e influencia. Además, estos grandes grupos editoriales venden «paquetes» de publicaciones, con lo que fuerzan a las bibliotecas públicas a suscribirse a revistas que no les interesan para poder acceder a las que desean.
Nos hacemos una idea de lo que significa que no sea de libre acceso o de acceso inmediato ese conocimiento en humanidades, pero pensemos en lo que supone para las investigaciones médicas, por ejemplo. Solo el 17% de los estudios científicos se publica en abierto. Y es raro porque, en contra de lo que muchos investigadores creen, se sabe por numerosos estudios que el acceso libre a las publicaciones científicas mejora el impacto.
En vez de pagar varias veces por lo mismo que están subvencionando, sería mucho más lógico y económico que las universidades volvieran a invertir en esos equipos editoriales que se fueron desmantelando, en pagar a técnicos que cuiden la calidad y la difusión de unas publicaciones orientadas a las necesidades y a las posibilidades del siglo XXI… equipos editoriales financiados con ese dinero público que ahora se destina a grandes empresas privadas.
Todo esto fue, en parte, lo que despertó el movimiento Open Access.
En 2012 se anunció que todos los estudios financiados por la UE deberían ser de libre acceso a partir de 2014, siguiendo la estela del Reino Unido y las conclusiones del informe Finch —que en la práctica es un compromiso obligado con el oligopolio editorial para expandir el acceso a los resultados publicados de la investigación mediante el acceso abierto.
Estamos en 2015. Se mantiene el oligopolio de la edición científica y apenas se publica en abierto. Las editoriales comerciales están empezando a imponer un sistema de acceso abierto que tiene tres modalidades:
- Green Open Access: un sistema de autoarchivo en un repositorio institucional (a veces dependiente de la editorial comercial y sometido a un embargo o una retención temporal de la publicación en abierto) en el que se suele colgar el artículo revisado por pares pero en la versión previa a la versión definitiva, es decir, no corregido ni editado (proceso que conlleva un gasto editorial).
- Gold Open Access: un servicio de pago por el que se accede libremente a la versión final de la obra a través de la página web de la editorial. El trabajo está disponible de inmediato. Se cobra al autor unos 2.000 euros, en vez de al usuario (pagar para publicar en vez de pagar para leer, aunque el dinero sale del mismo sitio, solo un 12% de los investigadores lo paga de su bolsillo).
- Se están desarrollando, además, sistemas de acceso híbrido.
Existen unas 24.000 revistas de investigación que editan cerca de 2,5 millones de artículos cada año. El aumento de los precios de suscripción y la reducción de presupuestos suponen una importante limitación del acceso al conocimiento en un mundo en el que cada vez debería estar menos limitado. Para citar un artículo, primero hay que encontrarlo. Ni siquiera reduciendo los precios editoriales por debajo del coste habría ninguna universidad que se pudiera permitir la suscripción a todas las revistas. Durante el curso 2010-2011, las bibliotecas y hemerotecas universitarias públicas españolas invirtieron 95,2 millones de euros en fondos, de los cuales, más de la mitad (54,3 millones de euros) se destinaron a revistas y otra parte importante (14,5 millones) a bases de datos; solo 21 millones a monografías. Una universidad como Harvard gasta 3,75 millones de dólares anuales para poder acceder a publicaciones académicas. Este sistema de publicaciones es insostenible en el actual contexto económico y universitario.
La única solución creo que es el acceso abierto mediante la estandarización de los repositorios, la reducción del número de revistas, el incremento de la calidad de la revisión por pares de los artículos (que podría llevar asociada, incluso, cierta remuneración a algunos académicos que ya no dan abasto, sobre todo si grandes empresas están obteniendo rendimiento económico de su trabajo) y la mejora profesional de la corrección, edición y maquetación de los artículos desde los servicios editoriales de cada universidad. Se debería también, al menos, seguir el ejemplo de Harvard en su guía de buenas prácticas para las políticas universitarias de acceso abierto, que recomienda a los investigadores, entre otras cosas, abrir el debate y no otorgar a sus instituciones derechos exclusivos, para poder poner sus artículos en acceso abierto independientemente de los acuerdos institucionales.
El informe CYD 2013 ponía sobre la mesa la pérdida de liderazgo de la producción científica española en el contexto internacional, así como una disminución de la excelencia. La bajada de la inversión en I+D un 7% durante los dos años anteriores seguro que también tiene bastante que ver. La Tierra se mueve muy deprisa y tanto el modelo universitario como el editorial requieren una importante reflexión que les permita enfrentarse a este cambio de paradigma. Mientras tanto, muchos investigadores, editores, funcionarios y políticos pueden seguir juzgando a Galileo encerrados en sus propias celdas —celdillas, muchas de ellas, del panal rumoroso de la fábula de Mandeville, y que demuestran equivocada la moraleja de que la acumulación de vicios privados promueve beneficios públicos.
Enrique García Ballesteros
Del texto.
De la Imagen: «The Royal Library», Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Jose María Cuellar. 